miércoles, 11 de septiembre de 2019
martes, 13 de agosto de 2019
Cátedra Alagia - Gómez Alcorta
Bienvenides!
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jueves, 4 de abril de 2019
jueves, 18 de octubre de 2018
viernes, 12 de octubre de 2018
jueves, 27 de septiembre de 2018
miércoles, 6 de junio de 2018
T.P. Garantías
CONSIGNA DEL TP:
1) Lea atentamente las siguientes actas.
2) Identifique qué falencias observa en las mismas.
3) Señale qué garantías constitucionales se encuentran vulneradas
4) Explique por qué.
ACTA 1
/// la Ciudad
de Buenos Aires, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil diecisiete
comparece ante S.S. y Secretario autorizante una persona previamente citada a
quien se le hizo saber que se le va a recibir DECLARACIÓN INDAGATORIA, (Art. 294 del C.P.P.N.) , de conformidad
con lo normado en los Arts. 104, 107, 197 y 295 del Código Procesal Penal de la Nación., que se le ponen
de manifiesto, es informado de su obligación de declarar la verdad en cuánto
supiere, para lo cual se le requiere en este acto que preste juramento ante el
Tribunal, informándole a viva voz las penas previstas para el delito de falso
testimonio (art. 275 del Código Penal de la Nación ) Asimismo, se le hace saber la facultad de
designar a un letrado de la matrícula de su confianza o al defensor oficial de
turno con el Juzgado, a lo que refiere que ratifica la designación del Dr.
Godines Duro, Titular de la Defensoría Oficial529,
a quien S.S. ya tuvo por nombrado. Seguidamente se le
hizo saber al compareciente que puede entrevistarse antes con su defensor, y
que éste puede estar presente durante el acto, y que puede negarse a declarar
sin que ello constituya presunción en su contra, a lo cual el compareciente
manifestó: que desea declarar, que ya mantuvo una entrevista previa con su
defensor, quien se encuentra presente en el acto. Seguidamente S.S. invita al
compareciente a dar sus datos personales de conformidad con lo dispuesto en el
art. 297 del C.P.P. expresando llamarse Jack Costeau DNI 6.666.666., que exhibe y retiene para sí, de nacionalidad
argentina, de 30 años de edad, estado civil soltero, instruido con estudios
secundarios completos, de ocupación personal policial, nacido el 39 de
septiembre de 2590 en Buenos Aires, Argentina, celular n° 0800-666-666,
domiciliado en Av. Corrientes 19531de ésta Ciudad y constituyendo domicilio
legal a los efectos de la presente causa en el domicilio de su letrado
defensor; ser hijo de Pedro y de María
Magdalena, que no tiene sobre nombre ni apodos, que sabe leer y escribir.
Preguntado para que diga si registra antecedentes penales, responde: que no; siendo
sus condiciones de vida las siguientes: vive con su tatarabuelo y percibe 2.350.123
pesos mensuales aproximadamente. Acto seguido la compareciente es informado
sobre el hecho que se le atribuye, ocurrido
el día 14 de abril de 2017
a las 13.20 horas aproximadamente, en la intersección de
las calles Muñíz y México de esta ciudad, oportunidad en la cual infringió su
deber de cuidado en la conducción del rodado marca Fiat Siena, dominio XXX-571,
al no respetar la prioridad de paso que tenía el peatón Ricardo Fort, resultando
que, a raíz de dichas infracciones, embistió al nombrado, quien resultó
lesionado gravemente. Luego
de ello se le informa al acusado de su derecho a conocer las pruebas que obran
en el sumario, a lo que responde que
conoce su derecho, que no desea acogerse al mismo, puesto que su letrado
defensor ya tomó vista del expediente. Manifiesta que no se opone a la
realización del acto. De conformidad con lo establecido por el art. 299 del
C.P.P. se lo invita a manifestar cuanto estime conveniente su descargo o
aclaración de los hechos, como así también a indicar la prueba que considere
oportuna, manifestando que: El día
de hecho tenía franco, se dirigía a visitar a una amiga, que estaba borracho y
que no recuerda nada, solamente que se llevó puesto a un peatón que quedó todo
lastimado, y que al intentar huir lo paró la policía. A continuación se le
informa a la compareciente sobre las disposiciones de la libertad provisional
previstas en los Arts. 300 y ccdtes. del CPPN, con lo que se da por finalizado el acto, leyendo
el Actuario en alta voz la presente, que ratifica su contenido, y después de S.S.,
por ante mí, doy fe.-
ACTA 2
/// la Ciudad
de Buenos Aires, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil diecisiete
comparece ante S.S. y Secretario autorizante una persona previamente citada a
quien se le hizo saber que se le va a recibir DECLARACIÓN INDAGATORIA, (Art. 294 del C.P.P.N.) , de conformidad
con lo normado por los Arts. 104, 107, 197 y 295 del Código Procesal Penal de la Nación., que se le ponen
de manifiesto, es informado de su derecho a negarse a declarar sin que ello
forme presunción en su contra, de designar a un letrado de la matrícula de su
confianza o al defensor oficial de turno con el Juzgado, a lo que refiere que
ratifica la designación del Dr. Rubén Peuchele, Titular de la Defensoría Oficial145,
a quien S.S. ya tuvo por nombrado. Seguidamente se le
hizo saber al compareciente que puede entrevistarse antes con su defensor, pero
que éste no puede estar presente durante el acto, y que no puede negarse a
declarar, puesto que dicha circunstancia implicará presunción en su contra, a
lo cual el compareciente manifestó: que va a declarar, que no mantuvo una
entrevista previa con su defensor, puesto que cursó hasta tercer año de la
carrera de abogacía y conoce de leyes; que solamente lo designó como una
formalidad para avanzar en la proceso. Seguidamente S.S. invita al
compareciente a dar sus datos personales de conformidad con lo dispuesto en el
art. 297 del C.P.P. expresando llamarse Máximo Costequi DNI 1.234.567, que exhibe y retiene para sí, de nacionalidad
argentina, de 30 años de edad, estado civil soltero, instruido con estudios
secundarios completos, de ocupación comerciante, nacido el 17 de septiembre de
1945 en Buenos Aires, Argentina, celular n° 113 323-4411, domiciliado en Callao
21223 de ésta Ciudad y constituyendo domicilio legal a los efectos de la
presente causa en el domicilio de su letrado defensor; ser hijo de Fulano de Tal y de Mengana Rodríguez, que no tiene sobre
nombre ni apodos, que sabe leer y escribir. Preguntado para que diga si
registra antecedentes penales, responde: que no; siendo sus condiciones de
vida las siguientes: vive con su tío y percibe 5800 pesos mensuales
aproximadamente. Acto seguido la compareciente es informado sobre el hecho que se le atribuye, ocurrido el
día 11 de octubre de 2014
a las 13.20 horas aproximadamente, en la intersección de
las calles Inclán y Castro Barros de esta ciudad, oportunidad en que, luego de
discutir con Lito Nebia, el acusado sacó una pistola Bersa 9x19 mm –número de
serie 666- y efectuó tres disparos que impactaron en el pecho de Nebia, quien
cayó sobre una balsa de madera que estaba en la vía pública, falleciendo en el
acto. Luego de ello se le reitera al compareciente de su
obligación de declarar, bajo apercibimiento de que ello implique presunción de culpabilidad
en su contra, detallándosele la prueba obrante en las actuaciones,
dándosele lectura en alta voz, consistente en: declaración testimonial del Cabo
1° Capaudáz de fs. 1, cuyo relato resulta esclarecedor, puesto que dio cuenta
de cómo el acusado disparaba contra Nebia, quien cayó muerto en la balsa; plano
del lugar del hecho de fs. 9, informes médicos legales de fs. 36, donde
claramente se ve que el acusado estaba al tanto del hecho que cometía y dio
sobrados indicios de comprender la criminalidad de su accionar, vistas
fotográficas de fs. 27, 34 y 35, donde claramente se observa que el arma
homicida era propiedad de Costequi y se ve que las huellas digitales son de él,
declaración testimonial de Dora Baret de fs. 32, en donde fue conteste con el Cabo
1° Capaudáz, al indicar como único responsable a Costequi, informes periciales de fs. 53/68 y 94/103 que
claramente responsabiliza por el hecho al acusado y la autopsia de fs. 120,
donde se dejó constancia de que la muerte de Nebia había sido producto del
disparo efectuado por el imputado. Manifiesta que se opone expresamente a la
realización del acto, sin perjuicio de lo cual se llevará a cabo el mismo. De
conformidad con lo establecido por el art. 299 del C.P.P. se lo invita a
manifestar cuanto estime conveniente su descargo o aclaración de los hechos,
como así también a indicar la prueba que considere oportuna, manifestando que: no desea declarar,
puesto que toda la prueba resulta suficiente para determinar su
responsabilidad. A continuación se le informa a la compareciente sobre las
disposiciones de la libertad provisional previstas en los Arts. 300 y ccdtes.
del CPPN, con lo que se da por
finalizado el acto, leyendo el Actuario en alta voz la presente, que ratifica
su contenido, y después de S.S., por ante mí, doy fe.-
ACTA 3
///la Ciudad
de Buenos Aires, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil diecisiete
comparece ante S.S. y Secretario autorizante una persona previamente citada a
quien se le hizo saber que se le va a recibir DECLARACIÓN INDAGATORIA, (Art. 294 del C.P.P.N.) , de conformidad
con lo normado en los Arts. 104, 107, 197 y 295 del Código Procesal Penal de la Nación., que se le ponen
de manifiesto, es informado de su derecho a negarse a declarar sin que ello
forme presunción en su contra, de designar a un letrado de la matrícula de su
confianza o al defensor oficial de turno con el Juzgado, a lo que refiere que
ratifica la designación del Dr. Miñon, Titular de la Defensoría Oficial0,
a quien S.S. ya tuvo por nombrado. Seguidamente se le
hizo saber al compareciente que no puede entrevistarse con su defensor hasta
tanto acepte que se le extraiga sangre para analizar su ADN, puesto que su
negativa implicará que no se le permitirá realizar su descargo e implicará 10
meses de prisión de efectivo cumplimiento, a lo cual el compareciente manifestó
que acepta tales circunstancias, y que autoriza a que se le extraiga sangre, a
fin de que se le permita declarar. Seguidamente S.S., luego de proceder a la
extracción mencionada, se deja constancia de cuáles son los datos personales
del acusado, para lo cual se remite a las constancias emitidas por el Registro
Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal
de fs. 123. Acto seguido la compareciente es informado sobre el hecho que se le atribuye, consistente
en infringir lo previsto por el art. 239 del Código Penal de la Nación , el cual
dispone “Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que
resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de
sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de
aquél o en virtud de una obligación legal” Luego
de ello se le informa al compareciente que en la causa hay prueba suficiente,
la cual el será exhibida al acusado una vez que termine su declaración. Ante
ello, el compareciente manifiesta que no se opone a la realización del acto. De
conformidad con lo establecido por el art. 299 del C.P.P. se lo invita a
manifestar cuanto estime conveniente su descargo o aclaración de los hechos,
como así también a indicar la prueba que considere oportuna, manifestando que
tiene miedo de declarar, puesto que la extracción de sangre lo dejó nervioso.
Ante ello, V.S. le informa que su negativa a declarar implicará su
responsabilidad en el acto, por lo que el acusado reconoce el hecho que se le
imputa. A continuación se le informa a la compareciente sobre las disposiciones
de la libertad provisional previstas en los Arts. 300 y ccdtes. del CPPN,
con lo que se da por finalizado el acto,
leyendo el Actuario en alta voz la presente, que ratifica su contenido, y
después de S.S., por ante mí, doy fe.-
jueves, 31 de mayo de 2018
TP "Fallo Vera"
Luego de leer atentamente el fallo "Vera" del STJ CABA:
1) Indique cuál es la discusión que se plantea en el fallo.2) Señale suscintamente los argumentos que sostiene cada juez en su voto respecto de la validez del procedimiento policial.3) Enumere los principios que se encuentran en juego en el caso.
Falo Vera
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miércoles, 9 de mayo de 2018
domingo, 15 de abril de 2018
martes, 3 de abril de 2018
viernes, 3 de noviembre de 2017
"Responsabilidad del Estado Argentino en el caso de Santiago Maldonado"
Responsabilidad del Estado
Argentino en el caso de Santiago Maldonado
Santiago Maldonado
desapareció el 1 de agosto en las cercanías de Esquel, Provincia de Chubut,
durante un operativo de represión llevado a cabo por Gendarmería.
Desde ese entonces, sucesivas
versiones instaladas por medios de comunicación y por funcionarios del propio
gobierno pretendieron primero negar la presencia de Santiago en el lugar de los
hechos y después negar la configuración del delito de desaparición forzada. Con
argumentos que revelan mala fe, ya que por el rango de los funcionarios y la
condición propia de los periodistas, no pueden alegar ignorancia de las normas
del Derecho Internacional y el Derecho Argentino.
Se dijo que la aparición del
cuerpo sin lesiones descartaba ese delito: “Caso Maldonado: las hipótesis que
se caen tras los primeros datos de la autopsia” (Clarín 21/10/17), y durante 9
días ese periódico sacó las noticias sobre Maldonado de su tapa.
El secretario de Derechos
Humanos Claudio Avruj afirmó que “no hay ningún indicio que demuestra que sea
una desaparición forzada de personas” (diario Perfil, 24/8/17). Y la ministra
Bullrich sostuvo en el programa de Mirtha Legrand: “Tengo la fuerte convicción
de que la Gendarmería
no es responsable de la desaparición de Maldonado. Hubo 40 efectivos que
participaron en el operativo que se llevó a cabo en la comunidad Pu Lof y si
hubiera cometido algún delito se habría denunciado. Interrogamos a todos... y
no encontramos indicios contra la fuerza” (les preguntamos, nos dijeron que no,
y listo: así de simple).
Elisa Carrió dijo: “Había
muchos que sabían la verdad, es decir, construyeron un desaparecido… privaron a
sus padres de estar con su hijo 60 días… y la verdad que ese cuerpo habló” (Clarín,
23/10/2017). Y en su cuenta de Twitter escribió el 30 de agosto de 2017: “Si la
hipótesis de la desaparición forzada de Maldonado fuese una invención
kirchnerista sería perverso, infrahumano y delictivo” (en ese orden).
También atacaron a los
docentes: “desde el gobierno tildan de gran canallada la campaña de Ctera”. El
ministro de Educación Alejandro Finocchiaro dijo que es “enanismo intelectual”
hablar de desaparición forzada en las escuelas (TN, 30/08/2017).
El gobierno ofreció
recompensa a quienes dieran información sobre Santiago, lo que fomentó los
males de avaricia, oportunismo y delación.
Desde la Cátedra Libre de
Derechos Humanos de la
Facultad de Filosofía y Letras afirmamos que la
responsabilidad del Estado se verifica en todas las hipótesis posibles, aun en
el caso hipotético de que se demuestre que la muerte de Santiago no fue una
desaparición forzada de personas.
El delito de Desaparición
Forzada:
Elementos: el delito se
configura ante la presencia de tres elementos: a) privación de la libertad de
una persona, b) cometida por agentes del Estado o por personas que actúen con
su autorización, apoyo o aquiescencia, c) falta de información o negativa a
reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la
persona. Es un delito con dos tramos: una acción (privación de la libertad) y
una omisión (falta o negativa en la información). En el caso de Santiago
Maldonado está claramente configurado el segundo tramo, aunque todavía no
podemos pronunciarnos sobre el primero.
Privación de la libertad:
legal o ilegal, lícita o ilícita, violenta o pacífica. En los términos del
art.142 ter del Código Penal “cualquiera que fuere su forma”. La ilegalidad
deriva de la falta de información, de negarle a la víctima la posibilidad de
controlar su detención, independientemente de que la privación de la libertad
haya comenzado siendo lícita o ilícita. Por ello, es un disparate mayúsculo
sostener que no se trata de una desaparición forzada porque el cuerpo haya
aparecido sin lesiones. Y la difusión de ese aserto por los medios periodísticos
es un acto de mala fe, porque basta consultar a cualquier abogado especialista
en el tema para saberlo: no ignoran, simplemente mienten.
Omisión o negación: se
refiere a aquellos integrantes del Estado que tienen obligación de informar o
de reconocer las privaciones de libertad. Es decir que quedarían alcanzados por
esta obligación los funcionarios políticos que ejercen un poder de control
sobre las fuerzas de seguridad: específicamente ministro de Seguridad y
ministro de Justicia.
Particulares: puede suceder
que el acto de aprehensión sea realizado por un particular que cuenta con la
autorización, apoyo o aquiescencia (hacer la vista gorda) del Estado. La
responsabilidad del Estado se verifica aun cuando el hecho sea cometido por
particulares: “un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que
inicialmente no resulte imputable a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un
particular, o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede
acarrear la responsabilidad del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por
la falta de la debida diligencia para prevenir la violación” (caso Velázquez
Rodríguez Corte Interamericana de Derechos Humanos). “…Cualquiera sea el agente
al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues
si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo,
auxiliados por el poder público, lo cual comprometería la responsabilidad
internacional del Estado” (caso “Radilla Pacheco vs. México” Corte
Interamericana de Derechos Humanos). Por ello, la responsabilidad del Estado se
mantiene aún en la conjetura absurda de que los culpables de la muerte de
Santiago sean los mapuches.
Bien jurídico: es importante
entender que la desaparición forzada de personas es un delito contra la
libertad y no un delito contra la vida, por lo cual es irrelevante la aparición
del cadáver: la segunda vicepresidenta de la CIDH , Esmeralda Arosemena declaró el 21 de
octubre que “la aparición de un cuerpo no descarta que pueda ser una
desaparición forzada”. Como se trata de un delito contra la libertad y no de un
delito contra la vida, bien puede ocurrir un homicidio en el marco de una
desaparición forzada. El periodista Jorge Lanata sostuvo “asesinato no es
desaparición forzada de personas…si lo cagaron a palos y lo mataron se llama
asesinato, no desaparición forzada de personas” (TN, 27/08/2017). Eso no es
correcto: miles de personas en todo el continente fueron asesinadas en el marco
de desapariciones forzadas, y nadie ignora eso.
También es irrelevante la
aparición con vida: no deja de ser una desaparición forzada. Esto resulta
confirmado por la última parte del 142 ter del Código Penal, que habla de
atenuantes para la aparición con vida. Incluso puede darse el caso de muerte
accidental durante una desaparición forzada, que no dejaría de ser tal por esa
circunstancia, si se comprueban los elementos del tipo penal referidos arriba.
Es decir: si Santiago se ahogó la responsabilidad del Estado Argentino no se
desvanece, si se demuestra una privación de la libertad seguida de falta o
negativa en la información. En esta hipótesis se abre otro escenario: la
eventual responsabilidad civil del Estado Argentino (por ej. Caso “Mosca, Hugo
Arnaldo c/ Provincia de Buenos Aires (Policía Bonaerenses) y otros, s/ daños y
perjuicios”, CSJN, 6 de marzo de 2007).
Por todo ello constituye
también un error la opinión de Jorge Lanata vertida en su programa Periodismo
para Todos, cuando afirmó que el juez Gustavo Lleral dijo que el cuerpo no
tenía señales de agresión, pero, agregó: “…sin embargo, escuché a la familia en
Montevideo diciendo todo lo contrario. Hasta ahora, es mil veces más lógico
decir que se ahogó y no que fue una desaparición forzada de persona… No puede
haber desaparición forzada porque no tenía lesiones” (TN, 29/10/2009).
Es un delito pluriofensivo.
En la desaparición forzada de personas concurren simultáneamente diversas
violaciones a distintos derechos, más allá del derecho a la vida: integridad
física, la seguridad, la protección contra la tortura o los tratos inhumanos o
degradantes, el derecho a un proceso imparcial y público, a un recurso judicial
efectivo, a la personalidad jurídica. Y específicamente, los derechos de los
familiares (casos “Velázquez Rodríguez vs. Honduras”, “Blake vs. Guatemala”, “Heliodoro
Portugal vs. Panamá”, entre muchos otros). El delito puede configurarse aunque
se trate de una privación de la libertad por poco tiempo: es indistinta la
duración de la maniobra delictiva.
Finalidad: nada dice el art.
142 ter en cuanto a la finalidad típica de la DFP. El art. 7.2 i) del
Estatuto de Roma establece la “intención” de dejar a la víctima fuera del
amparo de la ley por un tiempo prolongado. Pero el Grupo de Trabajo de la ONU relativizó ese requisito
(prueba de la intención): “De conformidad con el art. 1.2 de la Declaración,
todo acto de desaparición forzada tiene la consecuencia de la colocación de las
personas sometidas al mismo fuera de la protección de la ley. Por lo tanto, el
grupo de trabajo admite casos de desaparición forzada, sin necesidad de que la
información mediante la cual un caso se informó por una fuente debe demostrar,
ni siquiera suponer, la intención de colocar a la víctima fuera de la
protección de la ley”.
Crimen de Lesa Humanidad:
Crimen de lesa humanidad es
el nomen iuris que designa el conjunto de condiciones bajo las cuales se
autoriza en determinados casos el desplazamiento de determinadas reglas de
derecho interno por reglas de derecho internacional. El razonamiento es el
siguiente: a) dados determinados casos (el catálogo de crímenes en cuestión) y
b) dadas determinadas condiciones (ataque generalizado o sistemático contra
población civil), c) las reglas de derecho interno quedan desplazadas por
normas de derecho internacional (reglas relativas al debido proceso). Dicho de
otro modo: las palabras “crimen de lesa humanidad” no tienen otro sentido que
indicar la aplicabilidad o no aplicabilidad de determinadas reglas.
En el crimen de lesa
humanidad, cada uno de sus ámbitos de validez tiene determinadas notas características:
ámbito material (inderogabilidad, inadmistiabilidad), ámbito personal
(responsabilidad individual), ámbito temporal (imprescriptibilidad,
retroactividad), ámbito espacial (jurisdicción universal).
En el caso de las
desapariciones forzadas, el plexo normativo aplicable está integrado por cuatro
instrumentos:
1) Estatuto de la Corte Penal
Internacional (art. 7 inc.I).
2) Convención Internacional
para la Protección
de las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
3) Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas.
4) Código Penal argentino,
que en su art.142 ter tipifica el delito de desaparición forzada de personas.
Los tres primeros
instrumentos contemplan la tipificación del delito como crimen de lesa
humanidad, mientras que el Código Penal argentino se refiere a su tipificación
como delito individual.
En efecto, el Preámbulo de la Convención Interamericana
y el art. 5 de la
Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas
establecen que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición
forzada de personas constituye un crimen de lesa humanidad. Con respecto al
Código Penal, el día previo a la sanción de la Ley 26679 (12/04/11) el diputado Ricardo Gil
Lavedra manifestó en la reunión conjunta de la Comisión de Legislación
con la Comisión
de Derechos Humanos y Garantías, que: “…en el caso de Iván Torres la Argentina se comprometió
-incluso ante la
Comisión Interamericana- a suscribir una ley que estableciera
la tipicidad de la desaparición forzada de persona individual. Remarco
‘individual’ porque el delito de desaparición forzada figura también como uno
de los desagregados del Estatuto de Roma como delito de lesa humanidad. La Argentina ya ha aprobado
el Estatuto de Roma y ha aprobado esos delitos a través de la Ley 26200, pero son
colectivos, es decir, cuando esa desaparición forzada forma parte de un ataque
sistemático o generalizado contra población civil. El que estamos incorporando
ahora es el de la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas, y trata de un caso individual que no forma parte de ese ataque
sistemático”.
El art. III de la Convención Interamericana
dispone que “Los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias
para tipificar como delito las desapariciones forzadas de personas”: y se
refiere a todas las desapariciones forzadas, no solo a aquellas que ocurren en
un contexto generalizado o sistemático. Y así se desprende de las palabras de
Gil Lavedra: “El que estamos incorporando ahora es el de la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas, y trata de un caso individual que no
forma parte de ese ataque sistemático”.
Al margen de ello, entendemos
que todas las desapariciones forzadas de personas constituyen crimen de lesa
humanidad, y no solo aquellas que ocurren en el marco de un “ataque
generalizado o sistemático”. Ello porque los arts. VII y VIII de la Convención Interamericana
establecen la imprescriptibilidad y la exclusión de eximentes de obediencia
debida o instrucciones superiores para todos los casos de crímenes de lesa
humanidad. Y estas son precisamente las notas que caracterizan al crimen de
lesa humanidad: que no significa otra cosa que la aplicación de esas reglas. Y
la nota de inderogabilidad surge del Preámbulo de la Convención : “La
desaparición forzada viola múltiples derechos esenciales de la persona humana
de carácter inderogable”.
Por lo demás en el derecho
internacional las desapariciones forzadas tienen hace mucho tiempo rango de
crimen de lesa humanidad: así lo estableció la Resolución 666/83 de la Asamblea General
de la ONU. Y
la prohibición de las desapariciones forzadas y el correlativo deber de
investigar y sancionar a los responsables ha alcanzado el carácter de ius
cogens: norma imperativa de Derecho Internacional de los Derechos Humanos (caso
“Goiburú y otros vs. Paraguay”, 24/11/10).
El periodista Jorge Lanata
dijo en su programa Periodismo para Todos que resulta “cínico e hijo de puta
calificar el caso como desaparición forzada de persona”, y que “…algunos creen
que hay un plan sistemático para desaparecer, que la Gendarmería se reunió
y planeó esto, ¿les parece verosímil?”. También dijo: “…es increíble y mala
leche que se caracterice este tema como desaparición forzada de persona, eso es
un plan sistemático para que la gente desaparezca. ¿Realmente creemos que Macri
tiene un plan sistemático? En este caso, lo defiendo”. En aplicación de este
criterio, y como hipótesis ab absurdum, deberíamos concluir que para sancionar
las desapariciones forzadas tendríamos que esperar hasta que las mismas
alcancen un carácter generalizado o sistemático. Y la respuesta del juez ante
una denuncia de desaparición forzada debería ser “por el momento no se
configura ese delito, esperemos a que desaparezcan cien o doscientas personas
más de manera sistemática y después vemos…”. Lanata dijo además: “Hay que pensar
un segundo las boludeces que escuchamos”, que “…piensen un minuto las boludeces
que dicen”, y “…por favor, leamos Historia, leamos los diarios, pero pensemos
un poco antes de repetir las boludeces que estamos diciendo”. En estas cosas sí
tiene razón, pero ojalá aplicara estos criterios para sí mismo.
Responsabilidad del Estado
Argentino:
El Comité contra la Desaparición Forzada
de Naciones Unidas emitió una “petición de acción urgente” el 6 de octubre, y la CIDH otorgó medidas
cautelares el 22 de agosto. En términos del Comité:
“...pasó más de un mes antes
de que las autoridades iniciaran su labor investigativa tomando en cuenta el
conjunto de los testimonios y elementos probatorios disponibles. El Comité
recuerda al Estado parte que los primeros momentos tras la desaparición de una
persona son de mayor relevancia en la perspectiva de buscar y ubicar a la
persona desaparecida”.
El Comité dice: “El posible
involucramiento de la
Gendarmería solamente fue integrado como hipótesis de
investigación seria más de un mes después de la desaparición del señor
Maldonado, tiempo en el cual no se ha cumplido con las acciones calificadas
como urgentes dentro de los estándares básicos de búsqueda de personas
desaparecidas”.
“El Comité resalta que la
demora con la cual ocurrió el allanamiento, así como las alegaciones de la
limpieza de los vehículos que fueron usados en los primeros momentos del
operativo, y la no integración de las fotos y videos en los primeros momentos
de la investigación, han prolongado de forma indebida los procesos de búsqueda
e investigación. Adicionalmente, demuestran una violación clara de los
principios básicos de la cadena de custodia y dejan suponer que varios
elementos probatorios relevantes para ubicar al señor Maldonado e investigar su
desaparición forzada pueden haber desaparecido”.
“La Procuraduría de
Investigaciones Administrativas sostuvo que al menos hasta el 4 de septiembre
no existía ni siquiera un sumario administrativo en los términos previstos en
la legislación nacional”.
El Comité se refirió
específicamente a las declaraciones de la ministra de Seguridad:
1) El 7 de agosto de 2017,
declaración según la cual “no hay ningún indicio de que Gendarmería esté
involucrada en la desaparición de Santiago Maldonado”.
2) El 27 de agosto, cuando la
ministra declaró: “…Estoy segura de que no fue Gendarmería porque investigamos
mucho”.
3) El 16 de agosto de 2017
ante la Comisión
de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, la ministra expresó dudas
sobre la presencia de Santiago Maldonado en el territorio el 1 de agosto,
mientras había sido demostrada claramente por varios elementos probatorios.
4) En el mismo sentido, el
Informe del Ministerio de Seguridad del 18 de agosto de 2017 indicó: “hasta el
momento ninguna persona en la causa judicial ha prestado un testimonio en el
cual se hubiera aseverado, por una parte, que Santiago Andrés Maldonado se
encontraba en el predio en cuestión el día del procedimiento”. El Comité queda
sorprendido con esta afirmación toda vez que ya existía una declaración
incorporada a la investigación judicial en la que se ubicaba al Sr. Santiago
Maldonado en el territorio.
“El Comité está muy
preocupado porque gran parte de los aportes del Ministerio fueron adelantados a
los medios de comunicación previo a su ingreso a la causa judicial. A modo de
ejemplo, el Ministerio aportó las entrevistas relacionadas al incidente en que
un gendarme le habría tirado una piedra a un manifestante a las o.20 del martes
12 de septiembre, antes de que las partes tuvieran conocimiento de dicha
presentación. El Comité está preocupado porque esta acción no es compatible con
los principios básicos de confidencialidad y debido proceso aplicables a la
investigación de cualquier caso de desaparición forzada”.
Frente a esta “petición de
acción urgente” la ministra Bullrich le pidió a la ONU “tener la voz no solamente
de un grupo que puede tener intereses políticos en el caso, sino la voz de
todos” (Clarín, 06/10/2017), lo que llama la atención, porque el Comité se
limitó a constatar hechos concretos y verificables, y no citó opinión de grupo
alguno. Además, la ministra tampoco identificó al grupo en cuestión.
De todo ello se desprende que
la responsabilidad del Estado Argentino se verifica en todas las hipótesis
posibles, aun en el caso de que no se demuestre una desaparición forzada. Por
las siguientes razones:
1) Violación del Deber de
Investigar: derivado de la
Obligación de Garantía. El Estado tiene el deber de iniciar
de oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva. Caso “La Cantuta vs. Perú”: el
deber de investigar las desapariciones forzadas ha alcanzado el status de ius
cogens (norma imperativa de derecho internacional). Y en el caso “Gonzalez
Medina y familiares vs. República Dominicana”, la Corte Interamericana
estableció que “la investigación debe ser de oficio, sin dilación, seria,
imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles”, obligación que
se mantiene independientemente del agente al que se le pueda atribuir la
violación, incluso particulares”. Asimismo, estableció que “la desaparición
forzada, por su propia naturaleza, requiere de un estándar probatorio propio
para que se declare su violación. De lo contrario, su prueba sería
prácticamente imposible en la mayoría de los casos… no es necesaria la prueba
más allá de toda duda razonable”, sino que “es suficiente demostrar que se han
verificado acciones y omisiones que hayan permitido la perpetración de esas
violaciones o que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida por
este”.
Asimismo, en el caso
“Anzualdo Castro vs. Perú”: “La
Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación
directamente proporcional con la limitación, y en algunos casos, la
imposibilidad, para obtener pruebas y/o testimonios”.
2) Violación del deber de
apartar a las fuerzas involucradas: El Art. 194 bis del Código Procesal
prescribe: “El juez, de oficio o a pedido de parte, deberá apartar a las
fuerzas de seguridad que intervengan cuando de las circunstancias de la causa
surja que miembros de las mismas pudieran estar involucrados como autores o
partícipes de los hechos que se investigan, aunque la situación sea de mera
sospecha”. La ministra dijo “…nosotros no lo separamos porque pensamos que
primero, para separar a alguien que está trabajando y cuidado a la gente,
nosotros tenemos que cuidar a los que no cuidan”. Para ella los Mapuches no son
gente.
3) Por posible encubrimiento:
materializado en la paralización o desvío de la investigación y la instalación
de hipótesis falsas: “Atrás de la
RAM hay una organización inglesa que es su principal
aportante. Lo tenemos absolutamente confirmado” (Bullrich, Clarín 8 de agosto
de 2017). Además, los vinculó con Sendero Luminoso y las FARC.
La ministra Bullrich mintió
una y otra vez, incluso ante el propio Congreso de la Nación. Mintió
sobre el rol de la
Gendarmería y mintió específicamente sobre la presencia de
Nocetti en el lugar de los hechos. Y con tono patoteril afirmó frente a los
senadores que los gendarmes “son personas respetadas y queridas en la zona,
usted puede preguntar en la zona de Esquel y de El Bolsón por los comandantes
de la Gendarmería
y va a ver el alto prestigio que tienen…Yo no voy a hacer la injusticia de
querer tirar un gendarme por la ventana…Y si nosotros lo que hacemos es primero
tirarle al gendarme la responsabilidad, acusarlo previamente, echarle una
responsabilidad que no está probada por el solo hecho de una presión mediática
sería una mala ministra de Seguridad, me la banco yo…”. Aunque dice la verdad
cuando afirma: “yo necesito esa institución para todo lo que estamos haciendo,
para la tarea de fondo que está haciendo éste gobierno”.
Por último, en casos de
desaparición forzada se presume la participación activa de agentes de los
cuerpos de seguridad estatal. Y no puede descartarse el valor de la prueba
indiciaria, a partir de la doctrina sentada en el caso Velázquez Rodríguez, en
criterio compartido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “en casos
donde no se ha demostrado la detención de una persona por autoridades
estatales, se puede presumir o inferir dicha detención si se establece que la
persona estaba en un lugar bajo control del Estado” (casos “Velázquez
Rodríguez” y “Godínez Cruz”).
En definitiva, la
responsabilidad del Estado Argentino en el caso de Santiago Maldonado es clara,
contundente e incontrovertible. En todas las hipótesis posibles.
Sergio Maldonado y su esposa
Andrea Antico “custodiaron” el cadáver de Santiago Maldonado flotando en el río
durante horas, porque no confiaban en el Estado Argentino encabezado por
Mauricio Macri. Esa imagen debe acompañarnos para siempre.
Dr. Marcelo Ferreira - Profesor
Titular de la Catedra
Libre de DDHH- Facultad de Filosofia y Letras- UBA
martes, 17 de octubre de 2017
viernes, 18 de agosto de 2017
Cronograma 2017-2018
Clase
|
Tema
|
Texto
|
|
1
|
15/08
M
|
Presentación
|
|
2
|
18/08 V
|
Poder punitivo y derecho penal
|
ZN 3-23
|
3
|
22/08 M
|
Poder punitivo y derecho penal
|
ZN 3-23
|
4
|
25/08 V
|
Poder
punitivo y derecho penal
|
ZN 29-62
|
5
|
29/09 M
|
La
pena como delimitación del derecho penal
|
ZN 29-62
|
6
|
01/09 V
|
La
pena como delimitación del derecho penal
|
ZN 29-62 Roxin. 78-103 especialmente su
teoría.
|
7
|
05/09M
|
Teorías de la pena
|
|
8
|
08/09 V
|
Método, caracteres y fuentes del derecho
penal
|
ZN
69-91
|
9
|
12/09 M
|
Límites a la
construcción impuestos por la función política
|
ZN 95-120
|
10
|
15/09 V
|
Límites a la
construcción impuestos por la función política.
|
ZN
95-120
|
11
|
19/09 M
|
Ley
en el espacio y en el tiempo. Explicar competencia universal en delitos de
lesa humanidad.
|
Soler y Código Comentado de Zaffa y Baigun
|
12
|
22/09 V
|
PARCIAL
|
|
13
|
26/09
M
|
T.
del delito. Utilidad, necesidad, niveles, evolución
|
Tratado
de Zaffa 355-376
|
14
|
29/09 V
|
Conducta. Evolución
|
Manual Zaffa 337-355
Texto de Agostinetti
|
15
|
03/10 M
|
Conducta. Ausencia de conducta. Capítulo 10 de Gullco. Conducta Caso
Petruf.
|
Texto
“Concepto de conducta y teoría del delito” de Zaffa y Manual Zaffa 359-367
|
16
|
06/10 V
|
La
tipicidad. Tipicidad y Antijuridicidad y bienes jurídico
|
Manual
Zaffa 371-393. Texto “Garantíasy bien jurídico” de Buteler. “Derecho penal
mínimo y bienes jurídicos fuindamentales “ de Ferrajoli.
|
17
|
10/10 M
|
Tipicidad
dolosa. Tipicidad objetiva. Relación de causalidad
|
Manual Zaffa 395-403
|
18
|
13/10 V
|
Imputación Objetiva de Roxin y Jakobs y
Estructurar bien los elementos del tipo objetivo delitos de acción dolosos. Capitulo 11.de Gullco Relación de
Causalidad.
|
Roxin
347/402
|
19
|
17/10 M
|
Aspecto subjetivo del dolo. Distintos
conceptos de dolo. Error de tipo
|
Manual Zaffa 403- 425. “El límite en entre
el dolo y la imprudencia” Magariños. “El error de tipo” de Carlos Chinchilla
Sandoval
|
20
|
20/10 V
|
Consentimiento y explicar tipicidad
conglobante de Zaffaroni y alguna mención a la nueva ubicación
intrasistemática de Zaffa de la tipicidad congloabante. Ppio. De
Insignificancia. Capítulo 14 de
Gullco. Tipicidad Subjetiva. Caso Cabello
|
Roxin 509-553. Manual Zaffa 463-473
|
21
|
24/10 M
|
Tipo
culposo
|
Manual
Zaffa 427-439 Stratenwerth320-336
|
22
|
27/10 V
|
RECUPERATORIO
|
|
23
|
31/10 M
|
Tipicidad culposa. Figuras
preterintencionales. Ver Fallo “Louro”
Capitulo 16 de Gullco. Tipicidad
Sujetiva, Delitos culposos.
|
Manual Zaffa 441-450
|
24
|
03/11 V
|
Parte Especial: homicidio preterintencional.
Aborto preterintencional. Estafas.
|
Donna y Código Penal
|
25
|
07/11 M
|
Tipo
omisivo. Aspecto Objetivo. Omisiones propias e impropias
|
Manual
Zaffa 451-460 y Maurach, Gosel, Zipf
|
26
|
10/11 V
|
Aspecto
Subjetivo. La omisión culposa. Capítulo
12 de Gullco. La omisión. Los delitos de omisión impropia.
|
y Maurach, Gosel, Zipf
|
27
|
14/11 M
|
Clase
de repaso de toda la tipicidad. Dar con un caso similar al examen
|
|
28
|
17/11 V
|
Parte Especial, Robo con armas, tenencias de armas, homicidio culposo
|
Donna y Código Penal
|
29
|
21/11 M
|
Parte Especial omisión de auxilio, abandono
de personas y diferencia entre el 165 y el 80 inc.7
|
Donna
y Código Penal
|
30
|
24/11
V
|
Antijuridicidad. Relación con la tipicidad. Diferencia con nuevo concepto de Zaffa
sobre la Antijuridicidad como ejercicio de un derecho y en cuanto a la
innecesariedad de los elementos subjetivos.
|
Manual Zaffa 479-487 y Tratado de Zaffa
559-576
|
31
|
28/11 M
|
Legítima defensa y Estado de necesidad. Se
les da un fallo de Legítima defensa La ley T.1995-B.145. TRATAR DE DAR UN
EJEMPLO DEL PARCIAL
|
Manual
Zaffa 489-504
|
32
|
01/12 V
|
EXAMEN
|
|
33
|
08/12 M
|
||
2º
CUATRIMESTRE
|
|||
1
|
14/03 M
|
Clase de repaso
|
|
2
|
17/03 V
|
Culpabilidad. Cuestiones básicas de la
teoría de la responsabilidad. Capacidad de comprensión.
|
Zaffa viejo Roxin 788-850
|
3
|
21/03 M
|
Error de prohibición
|
Zaffa viejo Roxin 859-893
|
4
|
28/03 M
|
El
estado de necesidad excluyente de la responsabilidad y casos afines
|
Zaffa viejo Roxin 895-965
Pág. 267-270
293/300 301/316
|
5
|
31/03 V
|
Autoría
y participación
|
TZN
767-804
|
6
|
04/04 M
|
Autoría
y participación
|
TZN 767-804
|
7
|
07/04 V
|
Autoría y participación
|
TZN
767-804
|
8
|
11/04 M
|
Tentativa
|
TZN
809- 848
|
9
|
18/04 M
|
Tentativa
|
TZN 809-848
|
10
|
21/04 V
|
Concursos
|
TZN 851.867
|
11
|
25/04 M
|
Concursos PEDIR LA
VISITA AL PENAL -Eli-
|
TZN 851-867
|
12
|
28/04 V
|
CLASE DE REPASO GENERAL
|
|
13
|
02/05 M
|
PARCIAL -PREPARA DOS CASOS DEBORA. TP.
CONCURSOS
|
|
14
|
05/05 V
|
Delitos de lesa humanidad
|
|
15
|
09/05 M
|
Coerción de la pena
|
ZN 679/734
|
16
|
12/05 V
|
Coerción de la pena y determinación de la
pena
|
ZN 679/734
|
17
|
16/05 M
|
Determinación de la pena
|
ZN 737/772
|
18
|
19/05 V
|
Derecho Procesal y Garantías (cuadrito de
garantías)
|
Maier/ Binder
|
19
|
23/05 M
|
Garantías
|
Maier/ Binder
|
20
|
26/05 V
|
Garantías
|
Maier/ Binder
|
21
|
30/05 M
|
Garantías
|
Maier/Binder
|
22
|
02/06 V
|
Proceso penal, sujetos, iniciación. Estepas
del proceso
|
Material de la comisión
|
23
|
06/06 M
|
Facultades policiales, medidas de prueba
-nulidades-.
|
Material de la comisión
|
24
|
09/06 V
|
Indagatoria, Excarcelación y eximición de
prisión
|
Material de la comisión
|
25
|
13/06 M
|
Procesamiento, sobreseimiento y elevación a
juicio
|
Material de la comisión
|
26
|
16/06 V
|
Juicio abreviado y probation
|
Material de la comisión
|
27
|
23/06 V
|
Debate
|
Material
de la comisión
|
28
|
27/06 M
|
Recursos
|
Material
de la comisión
|
29
|
30/06 V
|
EXAMEN PROCESAL
|
|
30
|
07/07 V
|
RECUPERATORIO
|
|
Zaffa viejo,
es el manual viejo
|
|||
TZN es el tratado de Zaffa nuevo
|
|||
ZN es el manual nuevo
|
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